Cualquier relación humana está reflejada en un código legal, incluso las más íntimas, las familiares. Por eso el derecho es el pilar de la sociedad y por eso las 394 plazas únicas (hay otras 140 de la simultaneidad con ADE) que ofrece la carrera cada año en Galicia se cubren y exigen una nota, aunque asequible, que al menos ronda el notable para poder entrar. En la comunidad Dereito se imparte en cuatro campus (A Coruña, Santiago, Vigo y Ourense) además de la opción de la UNED.
No se puede hablar de especialización como tal en los diferentes campus, pero sí hay apuestas más o menos claras sobre alguna rama del Derecho en cada uno. A Coruña, por ejemplo, presta especial atención a la internacionalización de su estudiantes (hay un grado bilingüe que se puede completar en Gales) y a la relación derecho-empresa; en Santiago hay opción de manejar otras lenguas (inglés, francés, alemán o italiano) además de opción de criminología; en Ourense hay dos menciones dentro de la carrera, derecho judicial y derecho de la UE y desarrollo sostenible; en Vigo (con cinco asignaturas en inglés) se pone énfasis en las nuevas formas de trabajo que se derivan del uso intensivo de las tecnologías de la información y el conocimiento como el comercio electrónico. En cualquier caso, un estudiante obtendrá una formación muy similar sea cual sea la facultad que elija. Los profesores de Derecho suelen decir que esta carrera se cursa durante toda la vida, porque no solo uno se acaba especializando con la práctica, sino que un buen profesional necesita estar estudiando permanentemente (sobre todo sentencias de altos tribunales y nuevas leyes), y no para investigar, sino para poder aplicarlo en su día a día.
Además, a veces ocurre que un estudiante quiere dedicarse a una rama del Derecho y las oportunidades laborales que se le presentan lo llevan por otro camino.
Más práctica y menos memorización
En las facultades de Derecho se lamentan que los alumnos no vean ninguna materia relacionada con esta área durante sus estudios de secundaria, por lo que ni ellos saben si realmente les gusta el derecho y las facultades no pueden elegir a quienes se les da mejor. Pero lo que está claro es que ninguna universidad quiere a un alumno que solo sepa retener datos; sí es fundamental que tenga capacidad de estudio, pero sobre todo que sea una persona analítica, que le guste abordar problemas y tenga cierta creatividad para encontrar las soluciones.
Por su parte, en clase el alumno tendrá que estudiar y conocer los códigos, sin duda ninguna, pero también hay una parte práctica muy importante, y de trabajo en grupo, que facilita la asunción de conocimientos de una manera más interesante que la mera repetición.
Salidas clásicas y también en las nuevas tecnologías
Desde la implantación del espacio Bolonia, las carreras en España han pasado de cinco a cuatro años, por eso suele ser necesario un máster para completar la titulación a la que estábamos acostumbrados. Eso ocurre con las ingenierías y con el Derecho. Un graduado en esta especialidad no puede ejercer su profesión liberal sin haber hecho antes el máster de la Abogacía, que se habilitante. Lo mismo ocurre con un médico, y eso que son seis años de universidad. La ventaja que tiene este sistema es que si el alumno no quiere optar a un despacho de abogados no tiene que perder ese año, que puede emplear en especializarse en lo que desee. Y aquí se abren todas las posibilidades que el derecho ha tenido desde siempre: trabajo por cuenta propia o ajena como abogado o procurador; oposiciones específicas (juez, fiscal, procurador, notario, registrador de la propiedad, letrado en Cortes, abogado del Estado, del cuerpo jurídico militar…); funcionario de las administraciones públicas (en cualquier opción, hasta inspector de Hacienda); asesor de empresas; consultor; docencia universitaria; o trabajo en el área de los recursos humanos.
Pero los nuevos usos han traído también nuevas figuras, más allá de abogados expertos en leyes internacionales. Se trata del Compliance Officer y el Data Protection Officer. El primero se encarga de crear una estructura dentro de una empresa de prevención de riesgos de todo tipo y coordinación en caso de un problema (según las características de la compañía); el objetivo es exonerar a la empresa de responsabilidades penales en caso de un problema y hay dos modelos principales, en materia de impuestos y de competencia. El delegado de protección de datos (Data Protection Officer) se necesita en empresas cuya actividad principal sea el tratamiento de datos a gran escala y la seguridad de la información.